| Sumario: | En la actualidad, los contratos y convenios entre entidades estatales y entidades privadas sin ánimo de lucro se suscriben teniendo como fin el impulso de programas y actividades de interés público, la contribución del bienestar general o el cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, se observa la existencia de diferentes regímenes especiales, múltiples procedimientos y normas reguladoras para la escogencia objetiva de entidades privadas para la ejecución de este tipo de proyectos, a través de los cuales las entidades estatales destinan gran parte de sus presupuestos para el desarrollo de los mismos, recurriendo cada día en mayor número a esta modalidad contractual. Por tal razón se realizó la presente investigación, cuyo objetivo fue comparar el procedimiento contractual del régimen especial del Decreto 092 de 2017, aplicado a entidades estatales en los niveles nacional, Departamental, Distrital y Municipal y el régimen especial implementado en la suscripción de contratos de aportes del ICBF, para establecer si las normas que rigen estas formas especiales de contratación pública, son eficaces a la luz del principio de publicidad y transparencia de la contratación estatal. Para lograr tal fin, se estudiaron conceptos, antecedentes, impacto, historiales de cada uno de ellos, entre otros, siguiendo una metodología de tipo jurídico-descriptivo, en la que, mediante el uso de la técnica de ficha de contenido, fue posible realizar un análisis documental que permitió la identificación de los procedimientos aplicados en la selección objetiva de las ESAL y los procesos contractuales tramitados y publicados en el SECOP. Los resultados obtenidos indican que existe multiplicidad en los procedimientos para la escogencia de entidades privadas sin ánimo de lucro en Colombia, uno ha evolucionado basado en los principios de transparencia y publicidad, y en el otro aún encontramos vacíos llevando a los interesados en participar en este tipo de procesos a confusiones debido a la falta de reglas claras y procedimientos que distan de lo establecido en los principios de la contratación pública, máxime si tenemos en cuenta que la entidades estatales destinan un alto porcentaje de sus presupuestos para la ejecución de estos proyectos y el uso de sus bienes por parte de particulares.
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