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Críticas a la incorporación del título de la confianza legítima como mecanismo para imputar responsabilidad por el hecho del legislador

El presente proyecto de investigación busca plantear las principales críticas a la aplicación de la confianza legítima como título de imputación para predicar la responsabilidad del Estado por la expedición de leyes que afecten las expectativas de los administrados. Estos reparos se dirigen en cont...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Rodríguez Martínez, Luz Marina, Escobar Solano, Karen Andrea
Otros Colaboradores: Parra Avila, Elliot
Formato: Desconocido (Unknown)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2019
Materias:
Legitimate trust
State responsibility
Expectations
Unlawful damage
Acquired rights
Derechos adquiridos
Responsabilidad del Estado
Confianza legitima > Derecho
Confianza legítima
Expectativas
Daño antijurídico
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11634/16240
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Responsabilidad del Estado
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Daño antijurídico
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Responsabilidad del Estado
Rodríguez Martínez, Luz Marina
Escobar Solano, Karen Andrea
Críticas a la incorporación del título de la confianza legítima como mecanismo para imputar responsabilidad por el hecho del legislador
description El presente proyecto de investigación busca plantear las principales críticas a la aplicación de la confianza legítima como título de imputación para predicar la responsabilidad del Estado por la expedición de leyes que afecten las expectativas de los administrados. Estos reparos se dirigen en contra de la postura del Consejo de Estado que acepta que la defraudación de simples expectaciones jurídicas ocasionadas por el hecho del legislador pueden generar un daño antijurídico a los asociados, cuando es evidente que las autoridades públicas solo deben responder cuando existan derechos adquiridos a favor de los particulares que hayan sido afectados por la aprobación de una norma legal. Asimismo, las objeciones se enfilan a desconocer la confianza legítima como fórmula de imputación del hecho del legislador, bajo la consideración que el único título de atribución de este perjuicio es el daño especial, el cual exige la ruptura de las cargas públicas en contra del administrado y la configuración de un daño cierto, anormal y determinable. En igual sentido se plantea que la Constitución Política solo protege derechos adquiridos frente acciones lesivas del legislador, excluyendo el amparo de meras defraudaciones o expectativas de los ciudadanos generadas por la expedición de una ley.
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Estos reparos se dirigen en contra de la postura del Consejo de Estado que acepta que la defraudación de simples expectaciones jurídicas ocasionadas por el hecho del legislador pueden generar un daño antijurídico a los asociados, cuando es evidente que las autoridades públicas solo deben responder cuando existan derechos adquiridos a favor de los particulares que hayan sido afectados por la aprobación de una norma legal. Asimismo, las objeciones se enfilan a desconocer la confianza legítima como fórmula de imputación del hecho del legislador, bajo la consideración que el único título de atribución de este perjuicio es el daño especial, el cual exige la ruptura de las cargas públicas en contra del administrado y la configuración de un daño cierto, anormal y determinable. En igual sentido se plantea que la Constitución Política solo protege derechos adquiridos frente acciones lesivas del legislador, excluyendo el amparo de meras defraudaciones o expectativas de los ciudadanos generadas por la expedición de una ley. The present research project seeks to raise the main criticisms of the application of legitimate trust as an imputation title to preach the responsibility of the State for the issuance of laws that affect the expectations of the administrated. These objections are directed against the position of the State Council that accepts that the defrauding of simple legal expectations caused by the fact of the legislator can generate an unlawful damage to the associates, when it is evident that public authorities should only respond when there are rights acquired in favor of individuals that have been affected by the approval of a legal norm. Likewise objections are made to ignore the legitimate trust as a formula for imputation of the fact of the legislator, under the consideration that the only title of attribution of this prejudice is the special damage, which requires the breaking of public charges against the administered and the configuration of a certain, abnormal and determinable damage. In the same sense it is posed that the Political Constitution only protects acquired rights against harmful actions of the legislator, excluding the protection of mere frauds or expectations of the citizens generated by the issuance of a law. Especialista en Derecho Administrativo http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Especialización 2019-04-10T23:54:06Z 2019-04-10T23:54:06Z 2019-04-05 Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especialización Trabajo de grado http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa Rodríguez Martínez, L.M. & Escobar Solano, K.A. (2019). Críticas a la incorporación del título de la confianza legítima como mecanismo para imputar responsabilidad por el hecho del legislador http://hdl.handle.net/11634/16240 reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás instname:Universidad Santo Tomás repourl:https://repository.usta.edu.co spa Aristizabal, L. F. (2007). Responsabilidad Patrimonial del Legislador . Bogotá D.C : Legis. Cleves, M. J. (2007). El principio de confianza legítima en el derecho colombiano . Bogota D.C : Universidad Externado de Colombia. Colombia Consejo de Estado. (25 de agosto de 1998). Sentencia Exp IJ-001. Bogotá D.C: C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros. Colombia Consejo de Estado. (5 de marzo de 2004). Sentencia Exp 14543. Bogotá D.C: C.P: Ricardo Hoyos Duque. Colombia Consejo de Estado. (29 de julio de 2013). Sentencia Exp 27228 . Bogotá D.C: C.P Stella Conto Díaz del Castillo Colombia Consejo de Estado. (26 de marzo de 2014). Sentencia Exp 28741. Bogotá D.C: C.P: Enrique Gil Botero. Colombia Consejo de Estado. (marzo de 26 de 2014). Sentencia Exp 28864. Bogotá D.C: C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Colombia Consejo de Estado. (26 de febrero de 2015). Sentencia Exp 01114-01(AC). Bogotá D.C: C.P: Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Colombia Consejo de Estado. (31 de agosto de 2015). Sentencia Exp 22637. Bogotá D.C: C.P: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Colombia Corte Constitucional. (2000). Sentencia c-430. Bogotá D.C: M.P: Antonio Barrera Carbonell. Colombia Corte Constitucional. (2001). Sentencia C-1191. Bogotá D.C: M.P: Rodrigo Uprimny Yepes. Colombia Corte Constitucional. (2006). Sentencia C-038. Bogotá D.C: M.P: Humberto Antonio Sierra Oporto Colombia Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-250. Bogotá D.C : M.P: Hernando Herrera Vergara. Colombia, Corte Constitucional. (2014). Sentencia C-131. Bogotá D.C: M.P: Clara Vargas Hernández. Cuartas, L. M., & Marin, L. (2006). Responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del legislador. 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