| Sumario: | El presente artículo es producto de un análisis histórico y jurisprudencial a partir de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, en relación con la acción de repetición contra funcionarios judiciales en especial frente a las decisiones proferidas por el Juez de Control de Garantías, dentro de la normativa administrativa colombiana.
Esta clase de acción, está prevista en nuestro ordenamiento jurídico para que el Estado recupere u obtenga ante la jurisdicción contenciosa administrativa el reintegro de lo pagado en virtud de la condena de perjuicios que haya sido impuesta judicialmente ya sea en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como consecuencia de la acción u omisión gravemente culposa o dolosa de un servidor o ex servidor público o de un particular investido de una función pública.
La acción de repetición es muy importante para el Estado, sin embargo es muy poco usada ya que exige el cumplimiento de un ingrediente subjetivo para que el Estado una vez haya cancelado una condena indemnizatoria promueva este tipo de acción frente a funcionarios públicos y para el objeto del presente artículo a funcionarios judiciales.
Además de lo anterior, es importante resaltar la autonomía e independencia que acompaña las decisiones judiciales, eso sí bajo el cumplimiento y acatamiento de las normas previstas para la resolución de un caso en concreto, so pena, además de incurrir en caso de apartarse de estas en un delito penal denominado Prevaricato.
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