Protección de los derechos de los migrantes venezolanos en territorio colombiano: caso de la cancelación resoluciones 14483 y 15119 de 2021

En este artículo se pueden establecer las facultades que tiene la Registraduria Nacional del Estado Civil (RNEC), que a través de la Dirección Nacional del Registro Civil y la Dirección Nacional de Identificación en el año 2021 canceló 43.000 registros civiles de nacimiento, y la consecuente canc...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Naranjo Escobar, Alfonso
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Publicado: 2023
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/26462
Descripción
Sumario:En este artículo se pueden establecer las facultades que tiene la Registraduria Nacional del Estado Civil (RNEC), que a través de la Dirección Nacional del Registro Civil y la Dirección Nacional de Identificación en el año 2021 canceló 43.000 registros civiles de nacimiento, y la consecuente cancelación de las cédulas de ciudadanía por falsa identidad. La entidad adelantó la verificación y validación de la información del documento base para la inscripción de los registros civiles de nacimiento, con presuntas irregularidades que afectan su validez. Dentro de este artículo se revisará el procedimiento administrativo mediante la Resolución 7300 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2021), “Por la cual se establece el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por el concepto de falsa identidad”, contemplada en la Ley 1260 de 1970, situación que hace necesario establecer mecanismos de protección instituidos en Colombia para la protección de los derechos de los migrantes venezolanos en territorio colombiano la nulidad y restablecimiento del derecho, como medio de control idóneo para restablecer derechos fundamentales de los migrantes a quienes se les ha cancelado el Registro Civil de Nacimiento y NUIP a partir las Resoluciones 14483 y 15119 de 2021. Así mismo, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un derecho fundamental, que posee una estructura compleja, que a su vez se da como un desarrollo del principio de legalidad que limita el ejercicio de poder público, y en particular al derecho sancionatorio del Estado.