La condición más beneficiosa en el reconocimiento de la pensión de invalidez como garantía constitucional de la seguridad social

La Seguridad Social nace del contrato social entre la población de habitantes y el Estado, donde este último busca responder a través estructuras organizadas el cubrimiento a las prestaciones requeridas ante la concurrencia de cualquier eventualidad; se estudiará de este modo la medida en que s...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Vargas España, Karen Liseth, Neira Bernal, Anyela Camila
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Publicado: 2022-05-27
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/23056
id ir-10901-23056
recordtype dspace
spelling Niño Patiño, Natali
Vargas España, Karen Liseth
Neira Bernal, Anyela Camila
Bogotá
2022-07-28T13:37:36Z
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2022-05-27
https://hdl.handle.net/10901/23056
La Seguridad Social nace del contrato social entre la población de habitantes y el Estado, donde este último busca responder a través estructuras organizadas el cubrimiento a las prestaciones requeridas ante la concurrencia de cualquier eventualidad; se estudiará de este modo la medida en que se materializa y garantiza este derecho cuando existe un tránsito legislativo en el que se establece la existencia de un régimen de transición para las pensiones por vejez, pero se queda corto respecto a las de invalidez y sobrevivencia, razón por la que surge el desarrollo de la condición más beneficiosa como principio, a partir de la Constitución Política de 1991, con el artículo 53, que en su inciso 4 estipula la favorabilidad en cuanto al reconocimiento de derechos del trabajador; empero este principio toma fuerza en el progreso de la jurisprudencia, específicamente de la Corte Constitucional, donde a raíz de varios pronunciamientos ha decantado el concepto de la condición más beneficiosa como aquel en el que se permite aplicar una disposición legal derogada en un caso concreto, como cuando al estructurarse la invalidez la norma aplicable y vigente sea contraria a los garantías constitucionales; siendo así, que estableció subreglas para el análisis de las situaciones bajo tres condiciones: la no existencia de regímenes de transición, la segunda que se demuestre una lesividad al afiliado respecto al cambio normativo y finalmente, que se haya configurado una expectativa legitima durante la legislación anterior. Se examinará de esta forma, el precedente de la Corte Constitucional para comprender desde un comparativo en los cambios dados por la Ley 100 de 1993, Acuerdo No. 049 de 1990 y la Ley 860 de 2003, de qué manera se garantiza la seguridad social en una condición menos lesiva a los intereses del afiliado en el sistema de pensiones frente a la contingencia por invalidez.
Universidad Libre Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Programa de Derecho
Social Security arises from the social contract between the population of inhabitants and the State, where the latter seeks to respond through organized structures to cover the benefits required in the event of the concurrence of any eventuality; the extent to which this right is materialised and guaranteed shall be studied in this way when there is a legislative transit in which the existence of a transitional regime for old-age pensions is established, but falls short of those of invalidity and survival, which is why the development of the most beneficial condition arises as a principle, from the Political Constitution of 1991, with article 53, whereas paragraph 4 stipulates favourability with regard to the recognition of workers' rights; however, this principle takes force in the progress of jurisprudence, specifically of the Constitutional Court, where, following several pronouncements, it has decanted the concept of the most beneficial condition as that in which it is allowed to apply a derogated legal provision in a specific case, as when the invalidity is structured, the applicable and current norm is contrary to constitutional guarantees; thus, it established sub rules for the analysis of situations under three conditions: the non-existence of transitional regimes, the second that a harmfulness to the affiliate is demonstrated with respect to the regulatory change and finally, that a legitimate expectation has been configured during the previous legislation. In this way, the precedent of the Constitutional Court will be examined to understand from a comparative in the changes given by Law 100 of 1993, Agreement No. 049 of 1990 and Law 860 of 2003, how social security is guaranteed in a condition less harmful to the interests of the member in the pension system against the contingency due to disability.
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