Sumario: | Colombia ha sido escenario de una interesante discusión jurídica en torno a
las sanciones disciplinarias como instrumento para limitar el ejercicio de
derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, cuando son
impuestas a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,
confrontación jurídica que surge de la disyuntiva entre las facultades que
para ello otorga la Constitución de 1991a la Procuraduría General de la
Nación, lo que señalan las obligaciones internacionales del Estado
colombiano en materia de derechos humanos, más concretamente la
controversia; tiene origen en razón de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, la cual consagra en su catálogo de derechos y garantías
la necesidad de que exista una sentencia judicial dictada por juez penal
competente para poder limitar o restringir el derecho fundamental en
mención.
Por lo anterior, se revisa la concordancia de las normas colombianas
relativas a la potestad que otorga a la Procuraduría para sancionar con
destitución a funcionarios públicos de elección popular, a la luz del control de convencionalidad y las recientes posturas de la Corte Constitucional en la
materia, evidenciando consigo la relación y nivel de prioridad respecto de las
funciones asignadas al procurador frente a los derechos políticos
consagrados en la CADH, y su efectividad en un Estado social de derecho.
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