Antilogías de la presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio colombiano : una propuesta desde la razón

La aspiración de justicia como sistema de valores se hace posible a través del enfoque constitucional del derecho procesal, el cual consagra la forma de proceder frente al implicado, la repartición del peso probatorio, el estándar de conocimiento necesario para valorar la conducta, y las consecuenci...

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Autor Principal: Caro Espitia, Néstor Raúl
Publicado: Universidad Libre Sede Principal 2021
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institution Universidad Libre de Colombia
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topic Presumption of innocence
procedural burden
diligent contribution of evidence
right to defense
Presunción de inocencia -- Legislación – Colombia
Defensa (Procedimiento penal) – Colombia
Derecho penal -- Colombia
Presunción de inocencia
Carga procesal
Contribución diligente de la prueba
Derecho a la defensa
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Caro Espitia, Néstor Raúl
Antilogías de la presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio colombiano : una propuesta desde la razón
description La aspiración de justicia como sistema de valores se hace posible a través del enfoque constitucional del derecho procesal, el cual consagra la forma de proceder frente al implicado, la repartición del peso probatorio, el estándar de conocimiento necesario para valorar la conducta, y las consecuencias para los intervinientes en el evento de no acatar el sistema. En este sentido, la presente obra devela las diferentes concepciones del derecho, tendientes a la búsqueda de soluciones consideradas fundantes y correctas para la organización social, y analiza desde el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal las contradicciones semánticas derivadas de las premisas que desarrollan la presunción de inocencia, por cuenta de la interpretación judicial. En su desarrollo, se advirtió que el abuso de las medidas cautelares (especialmente la detención preventiva), cuestionan el trato brindado al reo al interior del proceso penal; en segundo lugar, que la teoría de la contribución diligente de la prueba es un instituto ajeno al derecho procesal penal, y su aplicación controvierte la máxima según la cual, en ningún caso se puede trasladar a la defensa; y finalmente, que la ausencia de criterios objetivos para saber cuándo el juez ha alcanzado el estándar probatorio denominado más allá de la duda razonable diluyen la precisión conceptual de la garantía procesal, y comprometen el derecho a la defensa. Con lo anterior no se quiere impedir que el Estado cumpla su función constitucional de investigar, perseguir y acusar a los presuntos infractores de la ley penal, ni se propone que la defensa asuma una actitud pasiva en la contienda procesal, por el contrario, dadas las consecuencias negativas que conlleva la afectación de las garantías mínimas del justiciable, se resalta el deber de armonizar las contradicciones evidenciadas. De ahí que se sostenga, que mientras se define la responsabilidad penal, el término presunción de inocencia resulta impreciso, por ende, es mejor hablar del estado de inocencia que rodea a las personas; que dadas las consecuencias que conlleva la importación de la teoría de la carga dinámica de la prueba al proceso penal, el vocablo dialéctica procesal resulta más adecuado; y ante el umbral subjetivo de convencimiento para proferir sentencia de condena, en cumplimiento de los mandatos de prevención y garantía reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la trilogía (hechos, prueba y argumentación) le brindan a la defensa criterios objetivos para enfrentar a su contradictor dialéctico, preservar el estado de inocencia, y trabajar la duda a su favor.
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spelling ir-10901-193952021-07-15T22:11:58Z Antilogías de la presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio colombiano : una propuesta desde la razón Caro Espitia, Néstor Raúl Presumption of innocence procedural burden diligent contribution of evidence right to defense Presunción de inocencia -- Legislación – Colombia Defensa (Procedimiento penal) – Colombia Derecho penal -- Colombia Presunción de inocencia Carga procesal Contribución diligente de la prueba Derecho a la defensa La aspiración de justicia como sistema de valores se hace posible a través del enfoque constitucional del derecho procesal, el cual consagra la forma de proceder frente al implicado, la repartición del peso probatorio, el estándar de conocimiento necesario para valorar la conducta, y las consecuencias para los intervinientes en el evento de no acatar el sistema. En este sentido, la presente obra devela las diferentes concepciones del derecho, tendientes a la búsqueda de soluciones consideradas fundantes y correctas para la organización social, y analiza desde el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal las contradicciones semánticas derivadas de las premisas que desarrollan la presunción de inocencia, por cuenta de la interpretación judicial. En su desarrollo, se advirtió que el abuso de las medidas cautelares (especialmente la detención preventiva), cuestionan el trato brindado al reo al interior del proceso penal; en segundo lugar, que la teoría de la contribución diligente de la prueba es un instituto ajeno al derecho procesal penal, y su aplicación controvierte la máxima según la cual, en ningún caso se puede trasladar a la defensa; y finalmente, que la ausencia de criterios objetivos para saber cuándo el juez ha alcanzado el estándar probatorio denominado más allá de la duda razonable diluyen la precisión conceptual de la garantía procesal, y comprometen el derecho a la defensa. Con lo anterior no se quiere impedir que el Estado cumpla su función constitucional de investigar, perseguir y acusar a los presuntos infractores de la ley penal, ni se propone que la defensa asuma una actitud pasiva en la contienda procesal, por el contrario, dadas las consecuencias negativas que conlleva la afectación de las garantías mínimas del justiciable, se resalta el deber de armonizar las contradicciones evidenciadas. De ahí que se sostenga, que mientras se define la responsabilidad penal, el término presunción de inocencia resulta impreciso, por ende, es mejor hablar del estado de inocencia que rodea a las personas; que dadas las consecuencias que conlleva la importación de la teoría de la carga dinámica de la prueba al proceso penal, el vocablo dialéctica procesal resulta más adecuado; y ante el umbral subjetivo de convencimiento para proferir sentencia de condena, en cumplimiento de los mandatos de prevención y garantía reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la trilogía (hechos, prueba y argumentación) le brindan a la defensa criterios objetivos para enfrentar a su contradictor dialéctico, preservar el estado de inocencia, y trabajar la duda a su favor. 2021-07-14T03:49:26Z 2021-07-14T03:49:26Z 2021 978-958-5578-66-1 https://hdl.handle.net/10901/19395 https://doi.org/10.18041/978-958-5578-66-1 ACTO LEGISLATIVO 03 de 2002 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Privación injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho administrativo. Bogotá: Documentos especializados. No. 2. mayo de 2013, 10 p. ACTO LEGISLATIVO 03 de 2002. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Privación injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho administrativo. Bogotá: Documentos especializados. No. 2. mayo de 2013, 10 p. —————. Privación injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho administrativo. Bogotá: Lineamientos sobre prevención del daño antijurídico por privación injusta de la libertad y estrategias generales de defensa jurídica, circula externa No. 5 de julio 4 de 2014. AGUILAR FREGOSO, Violet. Análisis comunicativo de la teoría del caso. Iter Criminis. En: Revista de ciencias Penales. Instituto nacional de ciencias penales. México, Cuarta Época, No. 21., mayo-junio, 2011, 17 p. 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Ley 74 (diciembre, 26, 1968), por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966” —————-. Ley 16 (diciembre, 30, 1972), por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. —————. Ley 270 (marzo 15, 1996), Estatutaria de la Administración de Justicia. —————. Ley 599 (julio, 24, 2000), por la cual se expide el Código Penal. —————. Ley 600 (julio, 24, 2000), por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. —————. Ley 1407 (agosto, 17, 2000), por la cual se expide el Código Penal Militar. —————. Ley 734 (febrero, 5, 2002), por la cual se expide el Código Disciplinario Único. —————. Ley 742 (junio, 7, 2002), por la cual se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. —————. Ley 906 (agosto, 31, 2004), por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. —————. Ley 1437 (enero, 18 2011), por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. —————. Ley 1474 (julio, 12, 2011), por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. —————. Ley 1564 (julio, 12, 2012), por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. —————-. Ley 1760 de 2015 (julio, 6, 2015), por medio de la cual se modificó parcialmente la Ley 906 de 2004 —————-. Ley 1786 (julio, 1, 2016), por medio de la cual se modificaron algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015. —————-. Ley 1826 (enero, 12, 2017), por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. —————-. Ley 1098 (julio, 9, 2018), por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. CÁMARA DE REPRESENTANTES. Exposición de motivos al Proyecto de Acto Legislativo 237, 2002, el cual se convirtió en el Acto Legislativo 03 de 2002, por medio del cual reformó, entre otros, los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política de Colombia de 1991. CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera, Sentencia del 30 de junio de 1994, CP SUÁREZ HERNÁNDEZ, Daniel. —————. —————, Sentencia 12 de diciembre de 1996, CP. SUAREZ HERNÁNDEZ, Daniel. —————. —————, Sentencia del 27 de septiembre de 2000, CP. HERNÁNDEZ, Alier Eduardo. —————. —————, Sentencia del 14 de marzo de 2002. CP. RODRIGUEZ VILLAMIZAR, Germán. —————. Sección tercera, Sentencia, 31 de agosto de 2006, radicado 15.772, CP. CORREA PALACIO, Ruth .Stella. —————. —————, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, CP. FAJARDO GÓMEZ, Mauricio. —————. —————, Sentencia, del 26 de mayo de 2011, CP. ANDRADE RINCON, Hernán. —————. —————, Sentencia del 7 de junio de 2013, CP. FAJARDO, Mauricio. —————. —————, Sentencia del 17 de octubre 2013, CP FAJARDO LÓPEZ, Mauricio. —————. —————, Sentencia, del 12 de diciembre de 2013, CP. STELLA CORREA, Ruth Stella. —————. —————, Sentencia del 15 agosto 2018, CP ZAMBRANO BARRERA, Carlos Alberto. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-406 de 1992. MP. ANGARITA BARON, Ciro. —————. Sentencia T-140 de 1993. MP. BARRERA CARBONELL, Antonio. —————. Sentencia C-301 de 1993, MP. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo —————. Sentencia C-106 de 1994, MP. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia C-225 de 1995. MP. MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. ————-. Sentencia T-425 de 1995. MP. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. ————-. Sentencia C-083 de 1995, MP. GAVIRIA DÍAZ, Carlos. ————-. Sentencia C-600A de 1995. MP. MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. ————-. Sentencia C-022 de 1996, MP. GAVIRIA DÍAZ, Carlos. ————-. Sentencia C-617 de 1996. MP. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia C-689 de 1996, MP. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia C-425 de 1997, MP. MORÓN DÍAZ ————-. Sentencia C-004 de 1998, MP. ARANGO MEJÍA Jorge. ————-. Sentencia T-100 de 1998. MP. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia C-400 de 1998, MP. MARTÍNEZ Caballero, Alejandro. ————-. Sentencia C-621 de 1998. MP. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia T-555 de 1999. M.P. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. ————-. Sentencia T-589 de 1999. M.P. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo; ————-. Sentencia C-037 de 2000. M.P. NARANJO MESA, Vladimiro. ————-. Sentencia T-592 de 2000, MP. BELTRAN SIERRA, Alfredo. ————-. Sentencia T-450 de 2001, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C-507 de 2001, MP. Tafur Galvis, Álvaro. ————-. Sentencia C-619 de 2001. MP, MONROY CABRA, Marco Gerardo. ————-. Sentencia, C-774 de 2001, MP. ESCOBAR GIL, Rodrigo. ————-. Sentencia T-025 de 2002, MP. MONROY CABRA, Marco Gerardo. ————-. Sentencia C-131 de 2002, MP. CÓRDOBA TRIVIÑO, Jaime. ————-. Sentencia C-228 de 2002, MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C-228 de 2002, MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C-416 de 2002, MP. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. ————-. Sentencia C-578 de 2002, MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C-763 de 2002. MP. ARAUJO RENTERÍA, Jaime. ————-. Sentencia C-805 de 2002, MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C-030 de 2003, MP. TAFUR GALVIS, Álvaro. ————-. Sentencia C-040 de 2003, MP. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. ————-. Sentencia C-067 de 2003. MP. MONROY CABRA, Marco Gerardo. ————-. Sentencia T-107 de 2003, MP. TAFUR GALVIS, Álvaro. ————-. Sentencia C-205 de 2003, MP. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. ————-. Sentencia C-271 de 2003, MP. ESCOBAR GIL, Rodrigo. ————-. Sentencia C-328 de 2003, MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José ————-. Sentencia C-573 de 2003, MP. Dr. CÓRDOBA TRIVIÑO, Jaime. ————-. Sentencia C-1156 de 2003, MP. TAFUR GALVIS, Álvaro. ————-. Sentencia C-152 de 2004, MP. ARAUJO RENTERÍA, Jaime. ————-. Sentencia C-576 de 2004. MP. ARAUJO RENTERIA, Jaime. ————-. Sentencia T-741 de 2004, MP. CEPEDA ESPINOSA, José Manuel. ————-. Sentencia T-920 de 2004. MP. MONROY CABRA, Marco Gerardo. ————-. Sentencia C-591 de 2005. MP. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. ————-. SentenciaC-592 de 2005. MP. TAFUR GALVIS, Álvaro. ————-. Sentencia C-708 de 2005. MP CEPEDA ESPINOSA, Manuel jose ————-. Sentencia C-782 de 2005. MP. BELTRAN SIERRA, Alfredo. ————-. Sentencia C-799 de 2005, MP. ARAÚJO RENTERÍA, Jaime. ————-. Sentencia C-801 de 2005. MP. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime. ————-. Sentencia C-822 de 2005. MP. CEPEDA ESPINOSA, MANUEL JOSÉ. ————-. Sentencia C-880 de 2005. MP CORDOBA TRIVIÑO, Jaime. ————-. Sentencia C-1194 de 2005, MP. MONROY CABRA, Marco Gerardo ————-. Sentencia T-579 de 2006. M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. ————-. Sentencia C- 994 de 2006. MP. 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