Sumario: | Uno de los acontecimientos acaecido en las últimas décadas en Colombia y que ha generado
trascendentales cambios en el nivel político, jurídico e institucional, fue la suscripción el 24 de
noviembre de 2016 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera”, pacto suscrito entre el Gobierno Nacional y los representantes del grupo
guerrillero más antiguo en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep);
acontecimiento que implica un cambio profundo en varios niveles de la actividad social, política,
estatal y jurídica en Colombia.
A partir del citado Acuerdo se producen significativos cambios en la institucionalidad, entre los
cuales están: la modificación del ordenamiento constitucional mediante el trámite de varios Actos
Legislativos, algunos de ellos de carácter transitorio, se consolida una importante línea
jurisprudencial sobre la paz construida por el tribunal constitucional patrio, se desarrolla una
considerable producción legislativa, surgen nuevos organismos estatales con renovados objetivos
misionales, entre otros; aspectos sobre los cuales se ha cimentado un conjunto de instrumentos
jurídicos e institucionales que fueron creados mediante un procedimiento abreviado denominado
“fast track”, que implementó un verdadero sistema de justicia alternativa en el contexto de la
justicia transicional para la solución de un conflicto armado interno de especiales condiciones, el
cual ha permanecido en Colombia por más de cinco décadas.
El citado Acuerdo tiene por finalidad modificar instituciones políticas, jurídicas y sociales para
dar paso a un nuevo escenario que busca superar, en forma definitiva, el conflicto armado interno
y procura a futuro, en prospectiva, concretar el anhelo por décadas de nuestra sociedad de obtener
una paz estable y duradera.
Colombia se encuentra en fase del posacuerdo, en medio de un proceso en el cual se agota el
fenómeno de la guerra para dar paso a la cesación de un complejo conflicto armado de hondas
repercusiones sociales, transita hacia una etapa histórica de paz. Este escenario permite la
legitimación de un nuevo orden social, como también una justicia de transformaciones que
modifique las instituciones patrias y las estructuras sociales que permitan un reconocimiento
adecuado de las comunidades afectadas. El tipo de justicia que permita hacer posible la
pacificación, el cese del conflicto, obtener en últimas la superación definitiva del conflicto, al igual
que suministrar las garantías jurídicas necesarias para asegurar una paz duradera, es un modelo
alternativo de justicia que conlleva aspectos novedosos en múltiples niveles y en especial, un
nuevo modelo de justicia penal transicional para Colombia
Justificación y relevancia del estudio.
La justificación del presente trabajo está dada por los aportes teóricos, prácticos y
metodológicos que se propuso desarrollar la investigación desde el comienzo y que se lograron
obtener en el proceso de ejecución de la misma.
Desde la perspectiva teórica y normativa el trabajo investigativo presenta una valiosa
justificación, dado que la investigación supone un aporte al conocimiento sobre las teorías y leyes
relacionadas con el problema central de estudio. Así, la Constitución de Colombia dispone en el
sector de los derechos fundamentales que: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento” (Const. 1991, Colom.); y la libertad como atributo esencial de la vida humana,
fecundadora de dignidad e igualdad se ha creado al fragor de la paternidad de las revoluciones y
el derecho a la resistencia y a la trasformación social. La lectura de la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos de 1776 y las francesas de 1789 y 1793 concretan esta
cláusula de seguridad y de reserva frente a los atropellos (Sánchez Ángel, 2015) 2
, verdaderos
instrumentos de control frente al poder.
Desde la perspectiva práctica, la investigación tiene su justificación a partir de esa
categorización en consideración a que se propuso aportar un beneficio orientado hacia la solución
de un problema concreto, relacionado con los derechos constitucionales de las víctimas del
conflicto bélico interno de Colombia, frente a la considerable vulneración de sus derechos que han
tenido que soportar, en especial el mandato de prevenir su quebrantamiento, tutelar los derechos
de las víctimas, investigar, acusar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos y al
derecho internacional humanitario en medio del conflicto
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