| Sumario: | Uno de los problemas centrales que aborda el Estado en su actividad, corresponde a disponibilidad de recursos para ejecución de políticas públicas que permitan el bienestar y desarrollo social. En efecto, la actividad estatal debe encauzarse dentro de los lineamientos de planificación y programación económica, toda vez que, al ser la actividad administrativa pública depositaria del interés general, no puede ser el producto de la improvisación (Santofimio G. , 2017), por el contrario, el Estado social de derecho debe sujetar la adopción de decisiones públicas, su operación y ejecución a la identificación previa de planes, programas y políticas. Así las cosas, también plantea Santofimio que la actividad administrativa estatal se encuentra vinculada dentro de su legalidad a senderos de orden y de prioridades, que permiten adecuar el comportamiento público a las reales necesidades de la comunidad, evitando el desvío de recursos y esfuerzos a lo no trascendental (Santofimio G. , 2017)
Bajo tal paradigma, encontramos disposiciones dentro del ordenamiento jurídico que buscan que las finanzas públicas se manejen dentro de cierto margen o marco de acción, en el cual, se hace viable el reconocimiento de ciertas prestaciones públicas para la comunidad, conciliando la estabilidad ecónomica del Estado con la satisfacción de necesidades sociales, por lo general de naturaleza económica.
“Es así el planteamiento del artículo 334 de la constitución política de Colombia, a cuyo tenor, el Estado interviene por mandato de la ley, para racionalizar la economía con el fin de lograr, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano” (C.P., 1991, Art. 334)
Ahora bien, el sentido de la norma, es que el marco de sostenibilidad fiscal es un instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. En consecuencia, el sometimiento de la acción estatal a la regla fiscal, si bien pudiere reflejar, en prinicipio, el desarrollo del principio de planeación en la actividad administrativa, plantea varias inquietudes que son relevantes para el análisis jurídico y económico, dentro de los cuales, el presente trabajo concentra su atención en una pregunta central, concerniente a ¿que impacto tiene el denominado marco de sostenibilidad fiscal, en adelante regla fiscal, respecto de la eficacia en el ordenamiento jurídico colombiano de los derechos fundamentales de naturaleza prestacional?. La respuesta a tal cuestión es de suma importancia, toda vez que, pudiere presentarse una dicotomía entre lo contenido en la carta política y lo que en la realidad social se aplica, tal y como lo plantea Karl Loewenstein, esto es, que devenga una Constitución nominal; la cual es jurídicamente válida, pero la realidad social no concuerda con el texto normativo, careciendo la carta política de realidad existencial u ontológica, y por tanto no exista (Loewenstein, 1968). Lo anterior resulta problemático, suponiendo que en la práctica jurídica, económica y social, se estaría vulnerando la fórmula política del Estado social de derecho.
Conforme a lo expuesto, la hipótesis de trabajo de la cual parte la presente monografía plantea que con el Acto legislativo 03 de 2011, se incorpora en el texto constitucional colombiano una serie de reformas que se traducen en la sujeción de las políticas públicas y la actividad estatal a un marco sostenibilidad fiscal (regla fiscal) “que garantice la estabilidad financiera y presupuestal del Estado”. Este objetivo que a simple vista es plausible, constituye sin embargo, una amenaza a la eficacia de los derechos fundamentales y la cláusula del Estado social de derecho. La regla fiscal además de edificarse como guía de acción para todas las ramas y órganos del poder público, busca responder a una serie de exigencias de entes supranacionales como el fondo monetario internacional, y el banco mundial, a fin de garantizar pago de la deuda pública por parte del Estado Colombiano. Esta manera de concebir el Estado, su papel, y las relaciones económicas internacionales que emergen de dicho raciocinio, ha sido impuesta por parte de quienes luego de triunfar en la segunda guerra mundial, diseñaron un marco político y económico mundial que se ajustara a sus intereses, plasmado en los acuerdos de Bretton Woods (Tamames R. , 1983) principalmente liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, del cual hicieron parte casi 44 naciones, acuerdos de los cuales emerge la estructura financiera y económica mundial a partir de 1945 hasta nuestros días. Al asumirse la regla fiscal como principio plasmado en el texto constitucional, se amenazan principios de raigamebre democrática y liberal como el de autonomía judicial, puntualmente, frente a la actividad de los jueces en relación con el reconocimiento de derechos prestacionales. En efecto, y sin menoscabar el hecho que los jueces deben prever los efectos de sus fallos, resulta problemático que de un lado, la carta política reconoce y garantiza sendos derechos fundamentales con el fin de lograr los cometidos esenciales del Estado social de derecho, y de otro, la misma carta, en lo que podemos denominar “constitución económica”, coloca una cortapisa o límite para el reconocimiento de tales derechos, dejando de manera expresa que, los objetivos del Estado social de derecho se deben alcanzar de manera progresiva, en aras de respetar la regla fiscal. La ruptura conceptual que se propone, a fin de superar la problemática de naturaleza socio-jurídica que representa la regla fiscal, es que se articulen los principios de planeación económica y eficacia de los derechos fundamentales de carácter prestacional, especialmente en materia laboral, con un análisis económico del derecho serio, esto es, aplicando las técnicas propias del estudio económico y de las finanzas públicas a ámbitos del campo jurídico que por su naturaleza sea posible, más no a todos los aspectos del orden jurídico, tal y como lo son los derechos fundamentales. En efecto, y con fundamento en la tesis de la “inescindibilidad de los derechos fundamentales”, esto es, que no se debe distinguir entre derechos de mejor categoría que otros, todos son derechos fundamentales, podemos afirmar sin lugar a equívocos que, en materia de garantías y derechos que buscan proteger a los asociados y de los cuales depende su subsistencia, en la concreción de un valor constitucional como lo constituye la dignidad humana, señalamos, siguiendo al maestro Luigi Ferrajoli un coto vedado; esto es, un límite frente a cualquier decisión de naturaleza política o a decisiones propias de la lógica del mercado (Ferrajoli L. , 2001), razón por la cual, en materia de derechos fundamentales, los cauces del mercado económico encuentran un límite o cortapisa, es el campo de lo no cedible, lo no negociable.
Ahora bien, a fin sustentar la tésis propuesta, la presente monografia se fundamentará teóricamente en un análisis normativo de la regla fiscal, esto es, del artículo 334 de la constitución política, al igual que un estudio jurisprudencial de varias sentencias de la Corte Constitucional respecto al modelo económico y la regla fiscal en particular. Así mismo, el enfoque teórico empleado es positivista, ya que pretende analizar y describir el ordenamiento jurídico en materia de regla fiscal tal y como está representado en la realidad, sin que las autoras, dejen de lado la crítica o su posición frente a tal ordenamiento, esto es, será un enfoque positivista metodológico, según el planteamiento del jurista argentino Carlos Santiago Nino, describiendo el derecho que es, y distinguéndolo del derecho que debería ser, a juicio de las autoras (Nino C. S., 2003). En igual forma, se proponderá por un análisis economicista de la regla fiscal, a fin de encontrar su fundamento teórico, lo cual hasta el momento, ha sido pasado por alto.
De este modo, el objetivo del presente escrito es brindar elementos de análisis que permitan precisar aspectos de la regla fiscal que impactan la eficacia de los derechos fundamentales de carácter prestacional, puntualmente en materia laboral, y de paso que ponen en riesgo la cláusula del Estado social de derecho, y principios de relevancia democrática como lo es la autonomía judicial.
La presente monografía se encuentra acorde con la línea institucional de investigación Estado, Derecho y Territorio, guardando coherencia con la misión de la Universidad en el sentido de que propende por recobrar la identidad nacional, puntualmente en la articulación de esquema de desarrollo económico, y de igual forma, con los principios que rigen la institución como son el de democracia y desarrollo sostenible.
La estrategia metodológica empleada corresponde al método cualitativo, esto es, se analizarán las cualidades o especificidades de la regla fiscal, con fudamento en un análisis jurisprudencial y normativo, empleando categorías de análisis como Estado de derecho, Estado social de derecho, análisis económico del derecho, derechos fundamentales, planeación económica, autonomía judicial. Es pertinente anotar, que se tomaron distintos aspectos para la solución del problema, como lo son el análisis de la relación entre el derecho y la economía, la responsabilidad de los jueces al proferir sus fallos y los efectos que se pueden presentar por los mismos y el límite de las lógicas del mercado frente a los derechos fundamentales.
De esta manera, el lector encontrará en el primer capítulo la contextualización del problema planetado, exponiendo en el primero capítulo el planteamiento del problema desde la articulación del modelo económico y su implementación en el orden constitucional, de otro lado, en el segundo capítulo se analiza el fundamento del marco de sostenibilidad fiscal desde el ámbito ideológico y las unidades de análisis propuestas, para al final del capítulo plantear la tesis o solución del conflicto jurídico. Finalmente, en el tercer capítulo se encontrará la triangulación metodológica, resaltando la importancia de la nueva reconfiguración de las relaciones entre el Derecho y la Economía, lo cual impactará en el desarrollo e implementación de la regla fiscal al margen de la eficacia de los derechos fundamentales.
El presente escrito cobra importancia por su enfoque, ya que pretende desentrañar el origen y fundamento del problema jurídico que reviste el marco de sostenibilidad fiscal, sin limitarse al análisis eminentemente normativo del asunto, sino también al origen en el contexto económico e incluso filosófico del problema. En ese sentido, pretende aportar, elementos nuevos al análisis del tema, brindando una solución al mismo, con base en los fundamentos del Estado Social de Derecho.
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