Vicisitudes del embargo, secuestro y remate de la posesión de bienes sujetos a registro – Automotores

El desarrollo de este trabajo, se enfoca principalmente, en señalar como, en Colombia, el fin del legislador en materia procesal ha sido el de lograr la efectividad de los derechos sustanciales reconocidos en la ley al interior del proceso, en aras de lograr una tutela judicial efectiva para los aso...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Jaimes Franco, Claudia, Jaimes Reina, Cielo Viviana, Prada Gómez, Magda Yolima
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2018
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/15577
id ir-10901-15577
recordtype dspace
spelling Sánchez Novoa, Pedro Alirio
Yáñez Meza, Diego Armando
Jaimes Franco, Claudia
Jaimes Reina, Cielo Viviana
Prada Gómez, Magda Yolima
Cúcuta
2019-05-20T21:45:55Z
2019-05-20T21:45:55Z
2018
https://hdl.handle.net/10901/15577
instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
El desarrollo de este trabajo, se enfoca principalmente, en señalar como, en Colombia, el fin del legislador en materia procesal ha sido el de lograr la efectividad de los derechos sustanciales reconocidos en la ley al interior del proceso, en aras de lograr una tutela judicial efectiva para los asociados del sistema, y para ello se recurre principalmente al régimen de medidas cautelares en aras de lograr la efectividad anticipada de las decisiones judiciales. Dentro de las medidas cautelares se consagró, en el numeral tercero del artículo 593 del código general del proceso, el embargo y secuestro de la posesión material ejercida sobre bienes muebles e inmuebles, reglamentación que terminó con el gran debate que durante la vigencia del artículo 515 del código de procedimiento civil venía presentándose respecto del secuestro de los derechos derivados de la posesión y que excluía de esta medida a los automotores, presentándose de esta manera la imposibilidad para los acreedores de lograr la persecución de esta posesión, que sin duda alguna también hacía parte de su patrimonio. Se traerán a colación las ventajas que aportó el legislador con la consagración de esta medida cautelar al interior de los procesos ejecutivos, pero también se concluirá la necesidad de la reglamentación de esta medida a efectos de impedir afectar los derechos de terceros poseedores de buena fe, trayendo a colación gran parte del estudio que al respecto hizo el doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe, y nuestra posición desde la óptica de la práctica judicial.
The development of this work focuses mainly on pointing out how, in Colombia, the aim of the legislator in procedural matters has been to achieve the effectiveness of the substantial rights recognized in the law within the process, in order to achieve effective of the judicial system for its associates, and for this, we take a look mainly protection system of precautionary measures, in order to achieve the anticipated effectiveness of judicial decisions. Among them was in the third paragraph of article 593 of the General Code of the Process, the seizure of the material possession over movable and immovable property, regulation that ended in a great debate that, according to article 515 of the Code of Civil Procedure, had been presented, regarding the abduction of rights derived from possession, which excluded the automotive from this measure to, thus presenting the impossibility for creditors to achieve the pursuit of this possession, which undoubtedly was also part of its heritage. The advantages provided by the legislator with the consecration of this precautionary measure within the executive processes will be mentioned, but the need for regulation of this measure will also be concluded in order to prevent affecting the rights of third-party possessors in good faith, mentioning a great part of the study that Dr. Carlos Alberto Colmenares Uribe did in this matter, and our views from the perspective of judicial practice.
PDF
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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Vicisitudes del embargo, secuestro y remate de la posesión de bienes sujetos a registro – Automotores
Effective judicial protection
Possession
Seizure
Auction
Advantages
Consequences
Medidas cautelares
Derecho procesal
Tutela
Embargo
Subastas judiciales
Tutela judicial efectiva
Posesión
Embargo
Secuestro
Remate
Ventajas
Consecuencias
Trabajo de Grado
Tesis de Especialización
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REPÚBLICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002 Magistrado Ponente. Rodrigo Escobar Gil.
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-119 del 11 de febrero del 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño)
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional T-302 del 28 de abril de 2011. Magistrado Ponente. Juan Carlos Henao Puentes.
REPUBLICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013. Magistrado Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-180 del 27 de marzo del 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 30 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Edgar Carlos Sanabria.
Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 19 de noviembre de 1993. Magistrado Ponente Rafael Rodríguez.
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institution Universidad Libre de Colombia
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description El desarrollo de este trabajo, se enfoca principalmente, en señalar como, en Colombia, el fin del legislador en materia procesal ha sido el de lograr la efectividad de los derechos sustanciales reconocidos en la ley al interior del proceso, en aras de lograr una tutela judicial efectiva para los asociados del sistema, y para ello se recurre principalmente al régimen de medidas cautelares en aras de lograr la efectividad anticipada de las decisiones judiciales. Dentro de las medidas cautelares se consagró, en el numeral tercero del artículo 593 del código general del proceso, el embargo y secuestro de la posesión material ejercida sobre bienes muebles e inmuebles, reglamentación que terminó con el gran debate que durante la vigencia del artículo 515 del código de procedimiento civil venía presentándose respecto del secuestro de los derechos derivados de la posesión y que excluía de esta medida a los automotores, presentándose de esta manera la imposibilidad para los acreedores de lograr la persecución de esta posesión, que sin duda alguna también hacía parte de su patrimonio. Se traerán a colación las ventajas que aportó el legislador con la consagración de esta medida cautelar al interior de los procesos ejecutivos, pero también se concluirá la necesidad de la reglamentación de esta medida a efectos de impedir afectar los derechos de terceros poseedores de buena fe, trayendo a colación gran parte del estudio que al respecto hizo el doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe, y nuestra posición desde la óptica de la práctica judicial. The development of this work focuses mainly on pointing out how, in Colombia, the aim of the legislator in procedural matters has been to achieve the effectiveness of the substantial rights recognized in the law within the process, in order to achieve effective of the judicial system for its associates, and for this, we take a look mainly protection system of precautionary measures, in order to achieve the anticipated effectiveness of judicial decisions. Among them was in the third paragraph of article 593 of the General Code of the Process, the seizure of the material possession over movable and immovable property, regulation that ended in a great debate that, according to article 515 of the Code of Civil Procedure, had been presented, regarding the abduction of rights derived from possession, which excluded the automotive from this measure to, thus presenting the impossibility for creditors to achieve the pursuit of this possession, which undoubtedly was also part of its heritage. The advantages provided by the legislator with the consecration of this precautionary measure within the executive processes will be mentioned, but the need for regulation of this measure will also be concluded in order to prevent affecting the rights of third-party possessors in good faith, mentioning a great part of the study that Dr. Carlos Alberto Colmenares Uribe did in this matter, and our views from the perspective of judicial practice.
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