Efectos jurídicos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal en Colombia por sentencias condenatorias proferidas en el exterior (2014-2017)

La contratación estatal es un modo de gestión que involucra la afectación del patrimonio de la Nación y los recursos públicos. Es así como la confianza legítima en el proceso de contratación y la actividad del contratista estatal, de acuerdo a las calidades otorgadas por el inciso 3 del artículo 123...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Peña Castellanos, Ana Erika Jineth
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/15554
id ir-10901-15554
recordtype dspace
spelling Moreno González, Fernando Antonio
Peña Castellanos, Ana Erika Jineth
Bogotá
2019-05-14T20:01:45Z
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2019
https://hdl.handle.net/10901/15554
instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
La contratación estatal es un modo de gestión que involucra la afectación del patrimonio de la Nación y los recursos públicos. Es así como la confianza legítima en el proceso de contratación y la actividad del contratista estatal, de acuerdo a las calidades otorgadas por el inciso 3 del artículo 123 de la Constitución Política, y el inciso 2 del artículo 210 del mismo instrumento, como colaboradores de la administración; y la transparencia en la consecución del interés general, hace necesaria la ejecución de operaciones destinadas a la prevención y sanción de los actos de corrupción que pudieren acaecer en el escenario público. En este sentido, el hecho de perder la confianza en el proceso de contratación, o en sus agentes, involucra el acaecimiento de riesgos de la propia actividad contractual, con afectaciones de tipo legal, financiero, y de opinión, llevando consigo la transgresión del sistema de recursos públicos y la ilegitimidad de las instituciones. Así las cosas, debido a que se trata de un fenómeno de implicaciones transnacionales, es posible evidenciar que existe una opinión pública que desacredita los actos de corrupción y que desaprueba la gestión de agentes que falten a la transparencia propia de la naturaleza de un proceso de contratación estatal. Además, la cooperación internacional constituye un frente de combate, generando sistemas internacionales de prevención y sanción contra los actos corruptos. En este orden de ideas, es válido afirmar que la corrupción en la contratación estatal tiene mecanismos de control y erradicación, siempre que medie la voluntad de los Estados y la responsabilidad política y social, pero, sobre todo, el asentamiento de normas fortalecidas con la jurisprudencia y la doctrina. Y así, las entidades públicas involucradas no solo serán las regidas por la Ley 80 de 1993, sino también, aquellas con manuales propios de contratación, ya que en ambas modalidades existe la aplicación imperativa de los principios de la contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, estipulados en la Carta Magna y en la Ley 80 de 1993. De igual modo, se hará veeduría de los servidores públicos, funcionarios de nivel directivo, asesor o ejecutivo, o sus homólogos, quienes fueren delegados en la celebración de contratos, particulares que cumplen función pública, personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales, entidades sin ánimo de lucro que suministran sus servicios a los organismos y entidades, abogados y a la comunidad en general; pues este fenómeno, no solo en Colombia, sino a nivel transnacional, es un obstáculo para el desarrollo de una adecuada dinámica económica, social y jurídica, generándose un aumento en el nivel de pobreza, y ocasionando la promoción de la ineficiencia, el desequilibrio y la falta de credibilidad del Estado.
State contracting is a management mode that involves the affectation of the Nation's assets and public resources. This is how the legitimate trust in the contracting process and the activity of the state contractor, according to the qualities granted by paragraph 3 of article 123 of the Political Constitution, and paragraph 2 of article 210 of the same instrument, as collaborators of the administration; and the transparency in the attainment of the general interest, makes necessary the execution of operations destined to the prevention and sanction of the acts of corruption that could happen in the public scenario. In this sense, the fact of losing confidence in the hiring process, or in its agents, involves the occurrence of risks of the contract activity itself, with legal, financial and opinion-related effects, leading to the transgression of the system of public resources and the illegitimacy of institutions. Thus, because it is a phenomenon of transnational implications, it is possible to demonstrate that there is a public opinion that discredits acts of corruption and that disapproves of the management of agents that lack the transparency of the nature of a process of corruption. public contract. In addition, international cooperation constitutes a combat front, generating international systems of prevention and punishment against corrupt acts. In this order of ideas, it is valid to affirm that corruption in state contracting has control and eradication mechanisms, provided that the will of the States and political and social responsibility prevail, but, above all, the establishment of norms strengthened with jurisprudence and doctrine. And so, the public entities involved will not only be governed by Law 80 of 1993, but also those with their own procurement manuals, since in both modalities there is the imperative application of the principles of public procurement and the regime of disabilities. and incompatibilities, stipulated in the Magna Carta and Law 80 of 1993. Likewise, there will be oversight of public servants, officials of managerial level, adviser or executive, or their counterparts, who are delegates in the conclusion of contracts, individuals who perform public functions, natural persons, legal entities, consortiums, temporary unions, non-profit entities that provide their services to organizations and entities, lawyers and the community in general; This phenomenon, not only in Colombia, but also at the transnational level, is an obstacle to the development of adequate economic, social and legal dynamics, generating an increase in the level of poverty, and causing the promotion of inefficiency, imbalance and the lack of credibility of the State.
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Efectos jurídicos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal en Colombia por sentencias condenatorias proferidas en el exterior (2014-2017)
Disability Regime
Legal Effects
Incompatibilities
Public Resources
Corruption
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
DERECHO ADMINISTRATIVO
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CONTRATACIÓN ESTATAL
ÉTICA
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Efectos Jurídicos
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Álvarez Álvarez, J. C., & Escobar Osorio, R. (2016). Antecedentes y bien jurídico del soborno transnacional en Colombia. Revista Derecho Penal.
Bancolombia. (2018). “Joyas” de la Infraestructura-Vial en Colombia (versión 6.0). Comentario Económico del Día, 1-2.
Benavides, J. (2004). El contrato estatal. Entre el derecho público y el derecho privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
Bernal Cuellar, J. (2006). Concepto dirigido a Yesid Arocha Alarcón y Luis Carlos Batista Filho.
Bernal Cuellar, J. (2015). Concepto dirigido a Yesid Arocha Alarcón y Luis Carlos Batista Filho.
Bernal Cuellar, J. (2016). Concepto dirigido a Yesid Arocha Alarcón y Luis Carlos Batista Filho.
Colombia Compra Eficiente. (2017). Política de Colombia Compra Eficiente orientada hacia la lucha contra la corrupción. Bogotá, D.C.
Congreso de la República de Colombia. (2016). Ley 1778 de 2016. Bogotá, D.C.
Consejo de Estado. (10 de Agosto de 2015). Sentencia rad. 11001-03-06-000-2015-00118- 02(2260) del 2015
Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2014). Documento CONPES 3817. Modificación al documento CONPES 3571: “Importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol”, Tramo 2. Bogotá, D.C., Colombia: Departamento Nacional de Planeación.
Corficolombiana. (17 de febrero de 2017). Temas: Proyecto Ruta del Sol 2. 10.
Ferrajoli, L. (2008). Criminalidad y Globalización. Estudios y Derecho, 29.
Ferreira, F. (1995). Delitos contra la administración pública. Bogotá: Temis.
Foros Semana. (2016). Foro: “Reficar: Anatomía del escándalo”., (p. 4). Bogotá, D.C.
Gascón I., F. (Octubre-diciembre de 2000). El exequátur ante el Tribunal Supremo. Un repaso de la jurisprudencia reciente. Tribunales de Justicia, 461-473.
Grupo AVAL Acciones y Valores S.A. (2017). Teleconferencia sobre proyecto Ruta del Sol Tramo 2., (p. 7).
Hoyos Duque, R. (2015). Tratados de lucha contra la corrupción. República de Colombia.
LEGIS Información y Soluciones. (27 de abril de 2017). Primeras decisiones de la Fiscalía en caso Reficar: identificado peculado por más de $610.000 millones. p. 4.
Lombana Villalba, J. (s.d.).
López C., G. (Agosto de 2015). Escuelas en materia de conflicto de leyes. Revista Jurídica, IV(7), 105-116.
López, J. (2003). Normas y políticas internacionales contra la corrupción. San Salvador: Probidal.
López, M. (2008). Corrupción y desarrollo: Una revisión crítica de la literatura reciente. Universidad Austral.
Maggiore, G. (1989). Derecho penal. Parte especial. Bogotá: Temis.
Maldonado Copello, A. (2011). La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral. Fescol.
Manfroni, C. (2005). Transacción de naturaleza económica o comercial.
Martínez Bretones, V. (1994). Conflicto de leyes en el espacio. Contribución a su estudio desde la perspectiva de la teoría general del Derecho. Navarra: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.
Martínez, E., & Ramírez, J. M. (2006). La corrupción y los costos de transacción. Red de revistas cientificas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 59.
Matallana Camacho, E. (2015). Manual de contratación de la administración pública. Universidad Externado de Colombia.
Mauro, P. (Agoosto de 1995). Corrupción y crecimiento de la economía. The quarterly journal of economics, 110(3), 681-712. Obtido de http://www.jstor.org/stable/2946696
Min. Transporte, Cormagdalena y Foros Semana. (2015). Magdalena Navegable: El renacer de un río., (p. 4). Barranquilla.
Ministerio de Relaciones Exteriores. (2011). Concepto 10 de 2011. Consideraciones jurídicas sobre las sentencias extranjeras y el trámite del Exequátur en Colombia. Bogotá, D.C.: Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Relaciones Exteriores. (2011). Concepto 7 de 2011A. Análisis jurídico aplicación de la figura Exequátur en Colombia. Bogotá, D.C.: Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores.
Namén, W. (2002). Las limitaciones a la libertad de acceso a la contratación con las entidades estatales. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Hacia una política para eficiencia y la transparencia en la contratación pública.
Odebrecht. (2013). La navegabilidad del Río Magdalena en datos. Barrancabermeja.
Ospina Robledo, R. I. (2000). Los pactos de integridad: Una herramienta para buscar limpieza en contrataciones de interés público. República de Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo. Conferencia sobre la transparencia y desarrollo en América Latina y el Caribe. Obtido de http://www6.iadb.org/leg/Seminar/Documents/Colombia%20Ticol%20Ospina%20Spa.pd f
Pillet, A. (1963). Principies de Droit lntemational Privé. Paris: Librairie de la Societé de Recueil General de Lois et Arréts
Reficar. (2009). Informe de Gestión. Cartagena.
Rico. (2009). Sanciones administrativas y penales.
Robledo, J. (26 de enero de 2017). Denuncia Fiscal contra Aurelio Iragorri Valencia, Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Luis Hernández Celis, y miembros de la junta directiva del Banco Agrario de Colombia. 8. Bogotá, D.C.: Congreso de la República de Colombia.
Rodríguez García, N., & Fabian Caparros, E. (2004). La corrupción en un mundo globalizado: Análisis interdisciplinar. España: Ratio Legis.
Salinas Siccha, R. (2015). Ideas centrales de los delitos contra la administración pública. Lima, Peru.
Santofimio, J. O. (2008). Tratado de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Savigny, F. K. (1869). Private international Law. A treatise on the conflict of Laws and the limits of their operation in respect of place and time. Edinburgh: T & T Clark.
Secretaría de Transparencia de Colombia. (2018). 70 píldoras de la lucha contra la corrupción. Bogotá, D.C.: Presidencia de la República.
Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República de Colombia; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2012). Estrategias para la corrupción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bogotá, República de Colombia: Presidencia de la República de Colombia. Obtido de http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/control_interno/estrategias_construc cion_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano.pdf
Secretaría de Transparencia, Presidencia de la Republica de Colombia; Embajada de Suecia. (2015). Pacto red de rse de empresas suecas en Colombia, por la tranparencia y la lucha contra la corrupción. República de Colombia.
Superintendencia de Sociedades. (2016). Guia soborno transnacional. Guia orientada a poner el marcha programas de cumplimiento para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 2016. República de Colombia.
Tanzi, V. (1995). Corruption, Governmental Activities, and Markets. Finance and Development, 24.
Torres Vásquez, H. (2013). La extraterritorialidad de la ley penal: el principio de la justicia universal, su aplicación universal en Colombia. Prolegómenos, 17.
Trigueros S., E. (1980). La aplicación de las leyes extrañas. El problema fundamental. Em E. Trigueros S., Estudios de Derecho Internacional Privado (pp. 151-186). Universidad Nacional Autónoma de México.
Universidad Javeriana. (enero-diciembre de 2017). Medidas cautelares impuestas por la SIC en el caso “Ruta del Sol”. (Resolución n.° 5216 del 16 de febrero de 2017). Revista de Derecho de la Competencia, 13(13), 359-364.
Vargas Carreño, E. (2000). La Convención interamericana contra la corrupción. Venezuela: Banco Interamericano de Desarrolo.
Villegas G., O. (1998). La lucha contra la corrupción en Colombia. El Quindío: Un ejemplo de transparencia y eficiencia para el país. Foro Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción (p. 11). Santa Cruz de la Sierra: CLAD; Agencia Española de Cooperación Internacional
institution Universidad Libre de Colombia
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description La contratación estatal es un modo de gestión que involucra la afectación del patrimonio de la Nación y los recursos públicos. Es así como la confianza legítima en el proceso de contratación y la actividad del contratista estatal, de acuerdo a las calidades otorgadas por el inciso 3 del artículo 123 de la Constitución Política, y el inciso 2 del artículo 210 del mismo instrumento, como colaboradores de la administración; y la transparencia en la consecución del interés general, hace necesaria la ejecución de operaciones destinadas a la prevención y sanción de los actos de corrupción que pudieren acaecer en el escenario público. En este sentido, el hecho de perder la confianza en el proceso de contratación, o en sus agentes, involucra el acaecimiento de riesgos de la propia actividad contractual, con afectaciones de tipo legal, financiero, y de opinión, llevando consigo la transgresión del sistema de recursos públicos y la ilegitimidad de las instituciones. Así las cosas, debido a que se trata de un fenómeno de implicaciones transnacionales, es posible evidenciar que existe una opinión pública que desacredita los actos de corrupción y que desaprueba la gestión de agentes que falten a la transparencia propia de la naturaleza de un proceso de contratación estatal. Además, la cooperación internacional constituye un frente de combate, generando sistemas internacionales de prevención y sanción contra los actos corruptos. En este orden de ideas, es válido afirmar que la corrupción en la contratación estatal tiene mecanismos de control y erradicación, siempre que medie la voluntad de los Estados y la responsabilidad política y social, pero, sobre todo, el asentamiento de normas fortalecidas con la jurisprudencia y la doctrina. Y así, las entidades públicas involucradas no solo serán las regidas por la Ley 80 de 1993, sino también, aquellas con manuales propios de contratación, ya que en ambas modalidades existe la aplicación imperativa de los principios de la contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, estipulados en la Carta Magna y en la Ley 80 de 1993. De igual modo, se hará veeduría de los servidores públicos, funcionarios de nivel directivo, asesor o ejecutivo, o sus homólogos, quienes fueren delegados en la celebración de contratos, particulares que cumplen función pública, personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales, entidades sin ánimo de lucro que suministran sus servicios a los organismos y entidades, abogados y a la comunidad en general; pues este fenómeno, no solo en Colombia, sino a nivel transnacional, es un obstáculo para el desarrollo de una adecuada dinámica económica, social y jurídica, generándose un aumento en el nivel de pobreza, y ocasionando la promoción de la ineficiencia, el desequilibrio y la falta de credibilidad del Estado. State contracting is a management mode that involves the affectation of the Nation's assets and public resources. This is how the legitimate trust in the contracting process and the activity of the state contractor, according to the qualities granted by paragraph 3 of article 123 of the Political Constitution, and paragraph 2 of article 210 of the same instrument, as collaborators of the administration; and the transparency in the attainment of the general interest, makes necessary the execution of operations destined to the prevention and sanction of the acts of corruption that could happen in the public scenario. In this sense, the fact of losing confidence in the hiring process, or in its agents, involves the occurrence of risks of the contract activity itself, with legal, financial and opinion-related effects, leading to the transgression of the system of public resources and the illegitimacy of institutions. Thus, because it is a phenomenon of transnational implications, it is possible to demonstrate that there is a public opinion that discredits acts of corruption and that disapproves of the management of agents that lack the transparency of the nature of a process of corruption. public contract. In addition, international cooperation constitutes a combat front, generating international systems of prevention and punishment against corrupt acts. In this order of ideas, it is valid to affirm that corruption in state contracting has control and eradication mechanisms, provided that the will of the States and political and social responsibility prevail, but, above all, the establishment of norms strengthened with jurisprudence and doctrine. And so, the public entities involved will not only be governed by Law 80 of 1993, but also those with their own procurement manuals, since in both modalities there is the imperative application of the principles of public procurement and the regime of disabilities. and incompatibilities, stipulated in the Magna Carta and Law 80 of 1993. Likewise, there will be oversight of public servants, officials of managerial level, adviser or executive, or their counterparts, who are delegates in the conclusion of contracts, individuals who perform public functions, natural persons, legal entities, consortiums, temporary unions, non-profit entities that provide their services to organizations and entities, lawyers and the community in general; This phenomenon, not only in Colombia, but also at the transnational level, is an obstacle to the development of adequate economic, social and legal dynamics, generating an increase in the level of poverty, and causing the promotion of inefficiency, imbalance and the lack of credibility of the State.
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