La potestad disciplinaria de la procuraduría frente a los servidores públicos de elección popular desde la constitución de 1991

La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Portillo Pico, Camilo Andrés
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/10113
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Portillo Pico, Camilo Andrés
Bogotá
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La facultad constitucional otorgada al Procurador General de la Nación, para ejercer la acción disciplinaria sobre la conducta oficial de los servidores públicos elegidos mediante voto popular, ha llegado a considerarse desbordada y parcializada por los actos administrativos sancionatorios que emite sobre estos servidores, imponiendo sanciones como la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Estas decisiones aparentan tener, más que un fundamento jurídico que proteja el interés común de la sociedad colombiana, un fundamento de carácter político, convirtiéndose la Procuraduría General de la Nación en un organismo politizado, capaz de definir el futuro de los servidores dentro de la función pública y la carrera política. La Constitución Política de Colombia le brinda un poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la acción disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Único, en esta norma se determinan las reglas que se deben seguir para adelantar un proceso disciplinario en contra de un servidor público, sin embargo, la potestad disciplinaria que tiene el Procurador General de la Nación ha entrado en conflicto con los tratados internacionales suscritos por Colombia que reconocen derechos humanos, en estos tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos se genera una tensión entre la potestad para ejercer el ius puniendi disciplinario por parte del Estado, y el reconocimiento y garantías de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos mediante voto popular.
The constitutional power granted to the Attorney General of the Nation to exercise disciplinary action on the official conduct of public servants elected by popular vote has come to be considered overflowing and biased by the administrative sanctions it issues on these servers, imposing sanctions as The dismissal of the position and the inability to hold public office. These decisions seem to have, rather than a legal basis that protects the common interest of Colombian society, a foundation of a political nature, becoming the Office of the Attorney General of the Nation in a politicized body, able to define the future of the servers within the function Public and political career. The Political Constitution of Colombia gives preferential power to the Office of the Attorney General to exercise disciplinary action within the framework of the Single Disciplinary Code, this rule determines the rules that must be followed to advance a disciplinary process against a Public servant, however, the disciplinary power that has the Attorney General of the Nation has come into conflict with the international treaties signed by Colombia that recognize human rights, in these treaties such as the American Convention on Human Rights creates a tension between the power To exercise the disciplinary ius puniendi by the State, and the recognition and guarantees of the political rights of public servants elected by popular vote.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Ley 16 de 1972
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