Eficacia y eficiencia legislativa en materia de contratación estatal

A partir de la Ley 1150 de 2007 y sus normas posteriores, se dieron importantes avances en la estructuración de verdaderos procesos de gobernanza cuando se reivindica el carácter instrumental en materia de gestión pública del Contrato Estatal otorgándosele la debida relevancia como herramienta de co...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rueda Serrato, Carlos Gilberto
Otros Autores: Bahamón Jara, Martha Lucía
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2018
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/18145
Descripción
Sumario:A partir de la Ley 1150 de 2007 y sus normas posteriores, se dieron importantes avances en la estructuración de verdaderos procesos de gobernanza cuando se reivindica el carácter instrumental en materia de gestión pública del Contrato Estatal otorgándosele la debida relevancia como herramienta de control de la corrupción, constituyéndola en un hito para la nueva concepción de Estado proclamada en la Constitución de 1991. El propósito de este trabajo de grado es definir el contenido del concepto de Gobernanza como instrumento anticorrupción a partir de la Ley 1150 de 2007 y las posteriores disposiciones normativas reglamentarias, teniendo como punto de partida los antecedentes del surgimiento de la reglamentación de la contratación estatal y su categorización como instrumento idóneo de la lucha contra la corrupción en ejercicio de las nuevas tendencias de la gerencia pública, posteriormente se describirá la línea jurisprudencial fijada por las altas cortes y, específicamente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a esta materia; confrontándola en ejercicio del bloque de constitucionalidad art 93 de la Constitución Política, normas internacionales tales como, la declaración de naciones unidas celebrada en 1986 y, la Convención de Rio de Janeiro, en las cuales se estructura como núcleo esencial del derecho fundamental desarrollo sostenible, la lucha anticorrupción y la gobernanza participativa.