Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

El objetivo principal del presente escrito, es visibilizar la problemática actual que sufre la justicia en Colombia. Los paros y la vacancia judicial impiden el adecuado acceso a la justicia, así como el cumplimiento del principio constitucional al debido proceso. La resolución efectiva de controver...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Pachón Cuellar, Hernán Augusto
Otros Autores: Arevalo Mutiz, Paula
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2017
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/15795
Descripción
Sumario:El objetivo principal del presente escrito, es visibilizar la problemática actual que sufre la justicia en Colombia. Los paros y la vacancia judicial impiden el adecuado acceso a la justicia, así como el cumplimiento del principio constitucional al debido proceso. La resolución efectiva de controversias se ve alterada por lo menos una vez cada año por cuenta de los hechos enunciados anteriormente, ello dificulta la convivencia pacífica entre los ciudadanos quienes no ven garantizados sus derechos básicos y fundamentales. La acción constitucional de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene un término de caducidad de 4 meses; un tiempo relativamente corto para la reclamación de un derecho, sumado a eso el ciudadano debe soportar la parálisis en la administración de justicia y este término se ve afectado de manera directa por estas situaciones. En ese orden de ideas el documento busca analizar las situaciones concretas en cuanto a la administración y acceso a la justicia, determinar la problemática actual en el conteo de términos cuando media un paro y/o vacancia judicial, así mismo se determinará la tesis que maneja tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado en materia de caducidad con relación a los paros o vacancias judiciales. Las conclusiones serán presentadas al finalizar el análisis teórico y jurisprudencial en este escrito. En conclusión, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional deberán unificar criterios para examinar cada uno de los casos a fallar, teniendo en cuenta la ocurrencia de paros y vacancias judiciales y con ello hacer un conteo de términos que corresponda con los ceses de actividades que se puedan presentar en el año.