| Sumario: | El artículo 116 de la Constitución Política, establece que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. Con fundamento en esta norma la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido dotada de una serie de facultades administrativas y jurisdiccionales en ejercicio de sus funciones en materia de competencia desleal y protección al consumidor, situación que permite que un organismo de carácter técnico y especializado como lo es esa Superintendencia para esos temas, adopte decisiones que pueden ir desde la imposición de sanciones administrativas y medidas en ejercicio del poder de policía, hasta la resolución de un caso particular y concreto. En el presente estudio, determinaremos la naturaleza de las funciones atribuidas por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a partir de esa definición, precisaremos cuales son los mecanismos legales para impugnar las decisiones que esta entidad profiera
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