La viabilidad política de instaurar una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación en el actual contexto de negociación Estado – Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Para el desarrollo de este estudio se realizó una recolección sistemática de documentos referentes a las comisiones de la verdad y sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al mismo tiempo que se efectuó...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Echeverría Ramírez, Andrés Eduardo
Otros Autores: Licona Calpe, Winston Manuel
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Ciencia Política y Gobierno 2005
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21453
Descripción
Sumario:Para el desarrollo de este estudio se realizó una recolección sistemática de documentos referentes a las comisiones de la verdad y sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al mismo tiempo que se efectuó una revisión de diversos aportes académicos realizados en las facultades de Ciencia Política de las universidades Javeriana y Andes y por las facultades de Derecho y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Esta búsqueda condujo a la integración de diversas visiones acerca del tema. En el primer capítulo se busca describir las causas que incidieron en el surgimiento de grupos contrainsurgentes en Colombia, así como los factores que conllevaron a que estos grupos después de varias décadas de accionar militar y de haber aumentado progresivamente su poder desde un pequeño movimiento de autodefensa, hasta consolidarse como un tercer actor del conflicto armado, con profundas implicaciones en la esfera política, económica y social, tanto en el ámbito regional como nacional, al tiempo que se exponen los retos con los que afronta el actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en una negociación que, si bien constituye un paso hacia la paz, ha generado diversas críticas por diversos sectores tanto nacionales como internacionales, por la ausencia de un marco jurídico que permita el desmonte de estos grupos armados y evite al mismo tiempo que se abra paso a la impunidad. Se plantea -en el segundo capítulo- la importancia que debe brindársele al respeto por los Derechos Humanos y al cumplimiento de los principios establecidos por el DIH. Al mismo tiempo, que se afirma que la impunidad de las violaciones graves a los Derechos Humanos e infracciones al DIH constituyen una doble victimización de las personas que han tenido que soportar tales hechos. Por tanto, se propone que el Estado en cumplimiento de sus compromisos internacionales debe garantizarles a las víctimas el acceso a los derechos de la verdad, la justicia y la reparación. Para finalizar se analiza el concepto de comisión de la verdad como mecanismo para garantizarles a las víctimas sus derechos. Los casos internacionales de tres países donde se han instaurado Comisiones de la Verdad para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en medio del conflicto, se estudian en el capítulo Igualmente se analizan los factores que incidieron en los efectos producidos por los mecanismos de esclarecimiento de la verdad que han existido en Colombia. En el cuarto capítulo se estudia la viabilidad política de instaurar una comisión de la verdad en el actual proceso de negociación que adelanta el gobierno con los grupos paramilitares, como instrumento que permita avanzar hacia la implantación de un modelo de justicia transicional y justicia restaurativa que garantice los derechos de las víctimas del accionar paramilitar, disminuyendo el margen de impunidad, sin que esto vaya en detrimento de las negociaciones. Para finalizar, en las conclusiones se plantea que el proceso de negociación, no puede cimentarse sobre la base de la impunidad, puesto que esto solo lograría una suspensión temporal de la violencia paramilitar y demostraría que en Colombia la perpetración de crímenes atroces, constituye un eficaz medio para la consecución de poder tanto político, como económico y social. Por lo que el Estado colombiano debe avanzar hacia la democratización del proceso, poniendo en su centro a las víctimas y garantizar no solamente la desmovilización de los combatientes, sino la desparamilitarizacion del Estado y la sociedad civil colombiana.