| Sumario: | Después de la división bipolar, consecuencia de la guerra fría, hasta finales de la década de los ochenta, el mundo entró en una nueva dinámica de globalización e interdependencia. Bajo este modelo se pasó del enfrentamiento este-oeste a los procesos integradores como fórmula para estimular la producción, los flujos comerciales y por ende las condiciones económicas de cada uno de los países. Esta concepción del mundo logró re dinamizar, a principios de los noventa, el moribundo proceso integracionista latinoamericano (ALADI, Pacto Andino, etc). El resucitado modelo difería claramente del planteado en los sesenta. De acuerdo con Eduardo Gitli, “El objetivo ya no consistía en cerrar parcialmente la región frente al resto del mundo, sino fortalecer la cooperación e integración regionales como medio para insertarse de manera activa en el mercado mundial”1. De esta forma, se introduce un nuevo tipo de integración subcontinental. Sin embargo, a pesar del renovado impulso que consolidó y desarrolló nuevos procesos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), no se logró satisfacer a cabalidad la creciente. Esta situación, aunada al generalizado problema social y fiscal de América Latina, ha hecho inaplazable la búsqueda de un nuevo modelo político-económico, que exento del excesivo burocratismo pasado, promueva alternativas para el sistema productivo, y renueve el aparato estatal y la estructura social de cada uno de los países latinoamericanos. Es así como surge la disyuntiva, entre realizar una verdadera internacionalización de la economía2 o mantener una “prudente” expectativa en torno a la evolución de los acuerdos ya existentes. Si se opta por lo primero, el camino consecuente es buscar el acceso preferencial a otros mercados, con una combinación de acuerdos bilaterales, subregionales, hemisféricos, intercontinentales, o los que hagan falta. Precisamente, es en este punto donde Colombia se encuentra vulnerable en la medida en que gran parte de sus exportaciones dependen exclusivamente de preferencias unilaterales como el SGP3 y la ATPDEA4. Mientras países como México y Chile han optado, decididamente, por la primera estrategia, Colombia todavía debate la conveniencia de un mayor compromiso en ese sentido
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