| Sumario: | A lo largo de varios siglos, la función de la abogacía se ha visto enfrentada a la necesidad de desarrollarse y reafirmarse bajo un ámbito de compromiso social frente a la constante renovación y perfeccionamiento de la sociedad y de su ordenamiento jurídico; bajo ese panorama el abogado debe ser un arduo defensor de los derechos sociales, debe exigirse, en ejercicio de esa función social, servir a la justicia, actuar con lealtad y entereza, apasionamiento por su labor recordando siempre que la misma se encuentra amparada en una responsabilidad moral, no en vano se ha definido a la abogacía como una de las profesiones más nobles y elevadas, por estarle confiados los más caros y especialísimos intereses del individuo y de la sociedad, lo que implica que quienes la ejercen deben acompañarla de cualidades concretas de orden intelectual y moral. Así, partiendo del hecho de que en general y más evidente para el caso Colombiano, han sido constantes los escándalos y hechos irregulares que involucran la participación de los abogados en su materialización, lo que ha conllevado a que la sociedad de manera genérica demande respuestas sobre la suficiencia de los medios de reproche y judicialización de tales conductas, siendo este el último aspecto que precisamente se pretende develar en el presente trabajo investigativo.
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