Sumario: | El capital intelectual es relevante no solo en las organizaciones del sector privado, sino también en el público. Para una mejor
ilustración, en la Fiscalía General de la Nación existe un amplio grupo de técnicos y profesionales, que, a lo largo de su recorrido
por la entidad, han venido ganando, altísimo conocimiento, experiencia, técnica y especialización, en el desarrollo de las funciones
laborales. A este selecto grupo de funcionarios, se les denomina “peritos”. La preparación adquirida de manera individual, acorde
al cumplimiento de ciertas competencias, les permite catalogarse como expertos en diferentes áreas del saber: análisis de
procesamiento de la escena del crimen, obras civiles y estructuras, topografía, perfilación criminal, dactiloscopia, médicos,
odontólogos, balística, expertos en automotores, química, morfología, acústica, grafología, documentología, antropología,
arqueología, explosivos, fotografía, informática, entre otras.
Un alto porcentaje de estos servidores públicos está próximo a pensionarse, significando ello que abandonarán la entidad y
retomarán su vida personal y familiar, permitiendo entrever que la institución se encuentra frente a una etapa de relevo
generacional.
Sin embargo, no se habían adelantado estudios que permitieran identificar de manera seria y responsable, el efecto social
representado en la partida de este talento humano, sin haber realizado previamente un proceso de transmisión y/o sucesión de
conocimientos, lo que implicará un impacto negativo de índole institucional, interinstitucional, en la administración de justicia,
víctimas y procesados.
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