| Sumario: | La Constitución ordena la intervención del Estado en las actividades de
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público,
intervención que se realiza mayoritariamente mediante regulación, que, a
la vez que cumple estándares internacionales, pretende corregir fallas de
mercado. Al mismo tiempo, se disponen en la Carta política diversos asuntos
de la órbita de las funciones del Estado Social de Derecho, como es el
caso de la democratización del crédito y el acceso a la vivienda digna, entre
otros. Así, se presenta una dicotomía entre la política económica, basada
en la eficiencia para el desarrollo del sector financiero, y la política pública
por la que se pretende el cumplimiento de los objetivos del Estado Social
de Derecho, entre los cuales se encuentra la superación de la pobreza. Este
artículo pretende discutir dicha dicotomía, y proponer fórmulas de solución
para resolverla.
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