| Sumario: | El poder público, particularmente la función administrativa, presenta un cambio de paradigma: el tránsito del control de legalidad a la garantía de múltiples derechos e intereses de diversa naturaleza, radicados en diversos actores. La coexistencia entre los controles de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del acto administrativo, junto a la necesidad de tutelar derechos fundamentales y colectivos suponen repensar las diversas instituciones procesales encaminadas a solventar los conflictos que acarrea el reconocimiento de estos derechos en el control judicial del acto administrativo. Este análisis debe partir del derecho de acceso a la administración de justicia y la Teoría General del Proceso, para plantearse la razonabilidad y eficiencia de contar con múltiples acciones para atacar la eficacia -en su acepción más amplia- de un acto administrativo.
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