Sumario: | Enmarcado en la proliferación regional de sistemas de ciencia, tecnología
e innovación, el capítulo indaga sobre el papel asignado a la ciencia en el
ámbito de la regulación y, de manera más concreta, en la posibilidad de que
el cambio de paradigma que acompaña las relaciones universidad-empresa
induzca a un escenario adverso para la integridad científica. Desde esta perspectiva,
el Estado, en ejercicio de su función de promotor de la interacción
universidad-empresa, asume dos obligaciones principales: por un lado, debe
garantizar la participación de la comunidad científica en los debates que
conciernen al interés general, y por el otro, debe comprometerse a contar
con un marco legal en materia de integridad científica enfocado de manera
exclusiva en reducir las asimetrías de información que pueden afectar a los
consumidores y competidores en el ámbito industrial y comercial.
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